Concierto criminalizador y derechos humanos

Oferta de mátriculas en el liceo de la chica del jarro, para todos y menos para una.

El jueves 14 de agosto el liceo Darío Salas ratificó la cancelación de matrícula (*) a la escolar María Música Sepúlveda, aduciendo que haber lanzado agua al rostro de la ministra de Educación desprestigiaba al establecimiento. De esta forma las autoridades del recinto, del municipio y especialmente el gobierno buscaron cerrar el caso con una sanción “ejemplarizadora” que además ayudara a sofocar las fuertes resistencias a la Ley General de Educación, actualmente en trámite final en el Senado.

Otros que dieron por cerrado el capítulo fueron los medios de comunicación empresariales, quienes cumplieron un rol fundamental en la creación de “opinión pública” desfavorable hacia la chica y a su madre (**). La desproporción entre el hecho en si, la protagonista (una chica de 14 años) y su impacto en la opinión pública, indica la enorme capacidad de manipulación política del poder fáctico representado por estos medios.

En años recientes se han verificado varios casos de agresiones en contra de autoridades, pero nunca se generó un escándalo del nivel orquestado en esta ocasión. Un ejemplo ocurrió el 14 de mayo de 2003 cuando el entonces ministro de Educación Sergio Bitar fue vejado por un grupo de escolares bromistas quienes lo empujaron y le dieron palmadas en la calva, al finalizar un acto en un colegio de Puente Alto. En el 2006, en plena “revolución pinguina”, alumnos del Liceo Lastarria escupieron e insultaron al alcalde derechista Christian Labbé. Pero en ambos casos la reacción tanto de la autoridad como de la prensa fue mas bien moderada y si bien estas agresiones fueron repudiadas no se suscitó la campaña odiosa como la desplegada ahora en contra de la alumna del Darío Salas.

La explicación a este fenómeno para muchos radica en los intereses de fondo que se mueven tras el proyecto LGE, amagado por la resistencia estudiantil y del magisterio como también por la disidencia interna en la coalición gobernante. Por esto no solo se aprovechó el incidente del jarro para criminalizar a la niña, sino para desacreditar y tratar de desmovilizar al conjunto de los opositores a esta legislación.

La efectividad de esta campaña mediático-política se puede medir en las diferentes reacciones condenatorias que se manifestaron entre los ciudadanos comunes, pero también en el descontrol que afectó a connotados personajes de la “intelectualidad” chilena. Un ejemplo lo protagonizó el escritor Jorge Edward, Premio Nacional de Literatura y Premio Cervantes, quien a través de su columna en el diario La Segunda propuso castigar a la niña obligándola a escuchar conciertos de música docta y a leer “La Metamorfosis” de Franz Kafka. Suponía que las reflexiones anti autoritarias y anti burócratas de este escritor provocarían en la escolar el arrepentimiento por mojar a una funcionaria estatal, la cual no quiso escucharla porque se saltó todos los “canales burocráticos” que el creador de Gregorio Samsa abominaba.

El arte de criminalizar

Los poderes dominantes en el Chile actual: La élite política, los empresarios, las FFAA, la jerarquía católica y el poder fáctico-mediático que ha logrado influir decisivamente en la agenda de todos los demás actores, fabricando opinión pública prácticamente a su antojo.

A partir de la repetición majadera y descontextualizada del evento del jarro y articulando diversos recursos los medios exageraron el alcance del incidente, convirtiendo a una niña de 14 años en símbolo de un fenómeno “alarmante” de violencia y desbordes juveniles que debía ser reprimido “ejemplarmente”. La propia ministra de Educación inició la seguidilla de condenas atribuyendo a la chica la intención de golpearla incluso “con un fierro” si es que lo hubiese tenido a mano. Esta suposición logró amplia popularidad y pocos advirtieron que de haber querido causar mas daño María Música tenía en sus manos un pesado jarro de cristal, pero sólo se limitó a lanzar su contenido.

Paralelamente se consideró el “jarrazo” como un acto totalmente premeditado, propio de una niña adoctrinada por una madre activista con todo un “prontuario” de participación en diversas causas políticas. Los principales difusores de esta tesis fueron los diarios El Mercurio y La Tercera quienes sistemáticamente informaban del activismo de Ruth Cavieres como si fuesen “pruebas” en un juicio público sobre ella. Uno de los últimos aportes de esta especie de “fiscalía” medíatica fue informar a los lectores que la señora Cavieres había participado en un grupo de teatro opositor a la dictadura de Pinochet, lo cual, al parecer, constituía un delito atroz.

Mientras hacían todo esto, el gobierno y los organismos que debieron salir a contener la criminalización en contra de una menor de edad guardaron silencio cómplice y cuando no, como en el caso de la ministra de Educación, colaboraron activamente a ella.

Defensa y promoción de los derechos humanos en “democracia”

A comienzos de 1990 Chile suscribió el tratado sobre los Derechos del Niño, obligándose las autoridades de gobierno a cumplir sus principios y proteger a niños y niñas de todo tipo de campañas de odio, racial, religioso o político que pudieran afectarlos.

Sin embargo, para muchos la conducta de la ministra y la campaña mediática sobre María Música Sepúlveda vulneraron este principio. Una cosa es rechazar que se lance agua en contra de una autoridad, afirman, y otra atacar a una menor llegando a los extremos de manifestar que tiene “problemas hormonales”, que es una “delincuente”, una “violentista” o “violadora de los derechos humanos” (****), además de otros insultos irreproducibles.

El silencio y complicidad de los organismos del estado fue secundado también por algunas ONGs que promueven los derechos de niños, niñas y adolescentes, quienes salvo una honrosa excepción evitaron salir públicamente en defensa de la escolar, como tampoco lo hicieron frente a la violencia y abusos que recibieron los chicos a manos de la policía militarizada al movilizarse en contra de la LGE

Al guardar silencio, estos organismos pusieron en cuestión sus propias políticas de promoción de derechos pues el escándalo fabricado por el poder fáctico-mediático no se dirigió exclusivamente en contra de María Música Sepúlveda, sino también sobre los avances en protagonismo y ciudadanía juvenil gatillados por la denominada “revolución pinguina”. Los argumentos editoriales de los medios empresariales así lo dejaron en claro, al cuestionar que se debatieran “complejas” políticas públicas con adolescentes exaltados cuando solo correspondía hacerlo con quienes tenían “conocimientos” en la materia.

Para muchos este caso, sumado a otros eventos relacionados con los derechos humanos, está planteando la urgente necesidad de fortalecer las organizaciones y la lucha en este campo desde una perspectiva verdaderamente autónoma. Durante la transición democrática parte importante de la institucionalidad promotora y defensora de los derechos humanos se desmanteló y las organizaciones sobrevivientes tendieron a concentrarse en la lucha contra la impunidad. Sin embargo a raíz de la fuerte represión a los movimientos sociales, del caso de la documentalista Elena Varela, considerado un montaje, y de otras situaciones que afectan a dirigentes sociales y mapuches se nota la falta de esa institucionalidad y de acciones mas coordinada en este ámbito.

Una condición para lo anterior es aquilatar la rica y dramática experiencia acumulada en los años de lucha contra la dictadura, considerando el tema de los derechos humanos no como un simple recurso de agitación coyuntural, sino como un frente de lucha específico que debe ser trabajado en forma seria y sistemática, sin estridencias y exageraciones que restan credibilidad.

“Animita” de Victoria Riquelme, situada frente al Liceo Darío Salas. La abusiva sanción a María Música Sepúlveda daría motivo a montar otra ermita, pero esta vez de los derechos de los jóvenes puestos en cuestión por la autoritaria dirección del establecimiento y las autoridades de educación.

Notas

(*) Según la prensa el Consejo que sancionó a María Música lo componen 80 personas, de las cuales participaron en el dictámen sólo 58. Una mayoría (34) estuvo a favor de la sanción pero 22 docentes se manifestaron en contra, denotando la falta de consenso en esta materia.

(**) El argumento principal del Liceo Darío Salas para sancionar a la escolar fue el impacto del evento en la opinión pública y una supuesta demanda de esta por castigar a la niña.

(****)Declaración de la curiosa organización de derechos humanos CINPRODH de Temuco, quien calificó a la escolar